Antecedentes y planteamiento del problema

Hay diferentes tipos de juicios: literarios, científicos, religiosos, etc. Usualmente, articulamos y formulamos dichos juicios en lo que podríamos denominar, retomando el término de Hannah Pitkin (1984 213), una región del lenguaje. Lo que caracteriza y delimita a una región del lenguaje de otra, – digamos la ciencia de la política o la religión de la filosofía, por poner solo dos ejemplos -, es la manera en que sostenemos los juicios en cada una de ellas. En este proyecto nos vamos a ocupar de la capacidad de juzgar y de un tipo de juicios en particular, los juicios políticos. Partimos de una definición mínima: un juicio político es una evaluación razonada de la acción política. Pues bien, lo característico de la región del lenguaje a la que denominamos “política” es la permanente disputa, el conflicto, el desacuerdo en torno a los juicios que emitimos sobre lo político. Para ser más precisos, el conflicto gira alrededor de la determinación del significado, de cada uno de los términos que, dependiendo del contexto concreto, son paradigmáticos en la emisión de los juicios políticos. Así, en la evaluación de la acción política estamos en el conflicto desde el proceso mismo de discernimiento, en el momento de la emisión del juicio. Sin embargo, dicho conflicto entre los juicios políticos descansa necesariamente sobre una articulación común, sobre un trasfondo común de significados, de prácticas pre-discursivas. El juicio político no puede ejercerse en solitario, requiere de la comunicabilidad, así como del acuerdo y el reconocimiento general. La facultad de juicio o discernimiento se desarrolla dentro de un espacio público, en el que la persona que juzga delibera, debate, polemiza con los demás participantes de la comunidad política.

En textos previos (2017a 2017 2012) he defendido que la facultad de juicio podría facilitar una descripción de las comunidades políticas como espacios que unen a las personas y les habitúan a considerar las cosas desde puntos de vista distintos del propio. Esto no significa de ningún modo negar la intrínseca conflictividad de las comunidades, sino apelar a la capacidad de juicio para hacer de este conflicto una fortaleza, un detonante imprescindible para la transformación. El conflicto es el motor de la permanente movilidad, el cambio constante y la apertura imprescindible para la construcción de nuevas formas de vida en el mundo común. Sin embargo, a fin de que éste no se entienda como un combate a muerte, es preciso contar con el ejercicio de la capacidad de juicio. En la facultad de juzgar podemos encontrar estrategias para articular a la comunidad, a través de la comunicación, la imaginación y del sentido común (sensus comunnis). De este modo el disenso, el conflicto, la confrontación se asumen como procesos propios de las comunidades políticas.

Pues bien, podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido una teoría del juicio puede ayudarnos no sólo a pensar nuestras comunidades políticas sino también a articularlas y transformarlas? La respuesta a esta cuestión es, en un cierto sentido, sencilla, incluso obvia, aunque en ocasiones se pierde de vista: Juzgamos acerca de decisiones políticas, de acciones de gobierno, de las opiniones de nuestros conciudadanos, en definitiva, juzgamos acerca de lo que compartimos, juzgamos sobre los asuntos públicos. En este sentido, es imprescindible contar con una concepción del juicio que nos ayude a comprender el papel de éste en nuestra conceptualización de nuestra vida en comunidad. Si bien esto es cierto, podría considerarse una obviedad carente de interés. No obstante, hay otra perspectiva desde la cual la teoría del juicio, al menos ésta que voy a proponer, es sumamente propositiva, disruptiva y crítica. Si tenemos en cuenta que nuestros juicios descansan en el lenguaje en el cual articulamos y habitamos el mundo, una propuesta teórica que nos permita pensar y recrear la articulación lingüística de nuestro mundo compartido, más allá de modelos universalistas y excluyentes, supone un horizonte para transformación a través de la crítica. Y es ahí donde, tal como lo entiendo, radica su mayor relevancia.

La facultad de juzgar es, en términos kantianos, aquella que subsume los fenómenos particulares en conceptos universales. El ejercicio de la facultad de juzgar permite establecer juicios determinantes. Además de estos, Kant caracteriza otros denominados juicios reflexionantes. En estos últimos, no contamos con un concepto universal que permita subsumir el particular; sólo contamos con un particular y lo que se busca al juzgar es la regla o el principio. (KU, Introduction, § IV) El reflexionante es un juicio singular y en él los conceptos involucrados no determinan el objeto del juicio. Estos juicios, pese a ser particulares, demandan asentimiento universal, esto es, no son juicios meramente subjetivos. La demanda de validez universal es atendida por Kant, en el caso de estos juicios, a través de dos recursos: la ejemplaridad y el sensus communis. De acuerdo con Kant, los ejemplos funcionan a la manera de modelos para el juicio cuando nos enfrentamos a objetos, fenómenos o eventos particulares. Un ejemplo es un particular contingente que, en su propia particularidad, revela una generalidad que no podría determinarse de ningún otro modo. Así la facultad de pensar lo particular debe revelar la generalidad, “como si” la validez para un sujeto se refiriese a la validez universal. Sin embargo, el principio para determinar la validez de dichos juicios no descansa en el objeto juzgado sino en la aprobación o desaprobación de lo juzgado atendiendo a la regla que constituye el sentido común (sensus comunnis). ¿Cómo es esto? Cada cual disponemos de un sentido comunitario que nos capacita para integrarnos en la comunidad y del que depende la comunicación intersubjetiva, este es el que se conoce como sensus communis: una capacidad de los seres humanos que les permite ampliar la propia mentalidad integrando a su reflexión los puntos de vista de los otros con los que comparte mundo. De este sentido comunitario depende a su vez la posibilidad de que un juicio particular adquiera validez ejemplar. (KU, §14).

El sentido común torna intersubjetivo al inicial carácter privado y subjetivo de los juicios. La imposibilidad de disponer de una regla o concepto que pueda ser aplicado a la contingencia de los particulares, en consideración a lo universal, vino a ser resuelta por la ejemplaridad, a través de la cual el particular parece revelar el concepto o la regla general necesaria. La validez del juicio depende, entonces, de la posibilidad de pensar poniéndose en el lugar del otro. ¿Cómo es esto posible? En el juicio se dan dos operaciones mentales que son de igual importancia para la vida política. La primera es la operación de la imaginación, donde se representa lo que ya no está o lo ausente que se halla lejos de nuestros sentidos. La segunda es la reflexión, operación que hace posible preparar el objeto representado, mediante la imaginación, para el juicio (cf. Arendt 1982 127). Así, el juicio político es esencialmente representativo: “me formo una opinión tras considerar un determinado tema desde distintos puntos de vista, recordando los criterios de los que están ausentes; es decir, los represento” (Arendt 1996 254). Pues bien, aunque el asentimiento a los juicios reflexionantes no está determinado, no se puede imponer que los demás coincidan efectivamente con el juicio emitido, sin embargo, es esperable que coincidan si se liberaran de los prejuicios y, gracias a la imaginación, consideraran el objeto juzgado desde otros puntos de vista. Mediante la imaginación puedo representarme las otras concepciones de mundo con el distanciamiento y el desinterés requeridos para establecer las condiciones de imparcialidad, y lo que es representado puede ser juzgado como justo o injusto, bueno o malo, correcto o incorrecto.

Visto así, el juicio reflexionante es un modelo más apropiado para el juicio político dado que se juzga no desde la universalidad ofrecida por una teoría de la justicia, de la verdad o de lo correcto, sino desde la acción humana plural y contingente. No es lo mismo el pensamiento especulativo instalado en la universalidad, que esta forma de discernimiento capaz de juzgar desde el particular. El pensamiento especulativo busca la universalidad (a través de principios que pueden ser identificados (Rawls) o mediante algún principio procesual (Habermas)). El modo especulativo del pensar trasciende por completo el sentido común mientras que el discernimiento propio del juicio reflexionante se arraiga en ese sentido común (sensus communis) que compartimos con los otros al tiempo que compartimos mundo. (Arendt, 1961a: 234). Así, los juicios políticos, si bien mediados por lo subjetivo, obtienen su validez del mundo compartido.

Adviértase que, desde esta lectura arendtiana de Crítica del Juicio de Kant, obtenemos la primera premisa de esta investigación, a saber: el juicio reflexionante, en tanto modo de pensar representativo, es la forma de pensamiento político por excelencia. Sin embargo, no se trata ahora de demostrar que esta teoría del juicio resulta pertinente y viable para el pensamiento político, sino de avanzar hacia una ontología política.

Demos un paso hacia la segunda premisa de este proyecto: Dado que las prácticas políticas son expresiones del modo cómo concebimos la realidad y estas expresiones se muestran en los juicios que hacemos sobre el mundo, entonces las prácticas políticas se encuentran lingüísticamente articuladas a través de los juicios. Adviértase que los criterios que nos permiten elegir entre diferentes cursos de acción están vinculados con los juicios con los cuales accedemos al mundo. Incluso las acciones conjuntas dependen de esta articulación lingüística. Para hablar de acciones significativas, necesitamos suponer significados compartidos; es más, conjeturamos una concordancia en los juicios con los que no hacemos significativo el mundo. Así, la política, o para ser más precisa, lo político se muestra como un complejo entretejido de acciones y discurso que articula un universo simbólico donde la acción y la palabra se tornan significativas. La capacidad de juzgar nos ayuda a orientarnos en este universo simbólico, en este mundo compartido; nos permite darle un sentido experiencial a lo que nos afecta y conmociona, sin reducirlo a concepto, a ley o a regla. De manera que, desde esta perspectiva, lo político no puede ser entendido únicamente un conjunto de formas institucionalizadas de organizar las relaciones comunitarias, ni leyes o preceptos previamente instituidos, sino un universo de formas de organización que se construyen y cobran sentido como campos enteros de actividades comúnmente significativas.

Nótese que la facultad de juzgar funge como término medio entre teoría y práctica, en el sentido de que aplica las reglas teóricas al caso concreto y, más aún, cuando desde el caso concreto genera nuevas reglas. La capacidad de juzgar permite articular el pensamiento con la acción; y, tal como defenderé, la acción, – cuando es política -, sólo puede darse en la articulación de lo común. Una articulación cuyo trasfondo es, en buena parte, lingüístico, o si se prefiere, conceptual.

Tenemos así dos premisas de las que parte el proyecto, a saber: 1) esta teoría del juicio resulta pertinente y viable para el pensamiento político; 2) existe una interna relación entre lo político y la capacidad de hacer juicios, que se evidencia cuando atendemos a la articulación lingüística de lo político.

El problema por afrontar, a partir de estas dos premisas previas, es si esta facultad de juzgar es condición de posibilidad para establecer lo común como un principio político para instituir la comunidad.